DESPENALIZAR O NO. ¿ESA ES LA CUESTIÓN?

El debate sobre la despenalización, no debería alejarnos del cuestionamiento acerca  de  las carencias y falencias en las  políticas sanitarias y educativas actuales.

Consumir drogas no es un delito. Está claro que la penalización del consumo estigmatiza al adicto y obstaculiza los procesos judiciales.

Y esto es así porque el derecho a la vida y a la integridad física no implica una obligación a vivir y a mantener la propia integridad: en sistemas democráticos, ambos deben ser entendidos como derechos disponibles. Pero plantear únicamente por ello la despenalización, sería responder con simpleza a una problemática compleja.

Debatir por sí o por no, genera una dicotomía que promueve posturas fundamentalistas perdiendo de vista el verdadero objetivo: el de considerar a la Salud como un derecho social básico y actuar en consecuencia.

El discurso dicotómico divide, fragmenta, acentúa las diferencias desde la intolerancia, por lo tanto es generador de exclusión. Y, en este espacio de discusión, es fundamental que cada una de las miradas se complemente y enriquezca con las demás, para intentar construir un discurso que, en su esencia, se aproxime a una respuesta válida en relación a la problemática de las adicciones.

Despenalizar es un punto de llegada, no de partida.

Lo que  debería cuestionarse, es cuáles van a ser la medidas que  van a ser necesarias para poder correr al adicto del sistema penal. Es real que la cantidad de causas por consumo lentifican el sistema judicial sin generar respuestas efectivas para la lucha contra el narcotráfico. Estigmatizan al adicto excluyéndolo del sistema laboral.  Pero también es cierto, que hoy funciona como un dispositivo que acerca a la red asistencial a muchas personas que no hubieran llegado de otra forma. Antes de cortar ese circuito, aun reconociéndolo como deficiente,  hay que sentarse a diseñar un circuito,  inclusivo y contenedor, que dé respuestas integrales frente a la problemática.

Deberíamos debatir sobre qué intervenciones se va a poner en marcha para evitar confundir a los jóvenes y personas en general, sobre lo que puede entenderse como un discurso de permisividad frente al consumo de drogas; ya que el planteo de despenalización, no debería implicar la subestimación de los riesgos que genera la conducta adictiva.

Para esto, el sistema educativo debería garantizar la formación e información respecto al consumo responsable de sustancias, a través de una política  de estado integral que sea continua y consistente. Que esté planteada desde el Nivel Inicial hasta el Polimodal, considerando como fundamental, la capacitación sistematizada en los espacios de Formación docente.

Deben diseñarse acciones que respeten la identidad regional, garantizando un abordaje preventivo y asistencial, al alcance de todos.

Para ello es fundamental la intervención efectiva del Consejo Asesor en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas correspondientes. Estableciendo una articulación consistente entre el Estado y las ONGs.

Desde un ámbito legislativo, es fundamental establecer una reglamentación clara en relación al planteo de la despenalización: cuánto, quiénes, cómo, dónde, etc.

Otro de los temas que surgen frente al planteo de despenalización, y que requieren de un debate serio y profundo, es el de las políticas de Reducción de daños.

Hablar de Reducción de daños, debería implicar previamente, el garantizar a todas las personas, el acceso al sistema de salud, es decir, una inserción social efectiva.

  Planificar intervenciones desde un Modelo de Reducción de daños sin proponerse, al menos, garantizar la posibilidad de inclusión en el sistema sanitario, sería perverso.

Para poder respetar la libre decisión de consumo de un sujeto, debemos primero,  como sociedad,  dirigirnos a personas  con capacidad de elección. Esto implica estar incluido en el sistema sanitario y educativo.

Si esto no es así, la reducción de daños sólo termina siendo el cuidado paliativo de quienes no tuvieron opción, bajo un discurso hipócrita de respeto a la decisión individual.

Las políticas abstencionistas, deberían complementarse con las de reducción de daños, no son antagónicos, son diferentes estrategias; pero sólo sobre la base de un sistema social justo y equitativo.

Preguntarnos sobre la despenalización es hacer un planteo parcial, tendríamos que debatir sobre por qué la red asistencial no está al alcance de todos. Hoy en día, en nuestra provincia, por ejemplo, no hay lugar para internar a una mujer adicta que necesite y demande tratamiento.

Quién se pregunta sobre qué respuesta sanitaria ofrece la provincia para las personas con patologías psiquiátricas que requieran una contención intensiva?

De todas maneras, el hecho de que en esta discusión no se planteen la cantidad de variables implicadas, no significa que no sea válida. Si nos quedamos con el discurso de que hay que abordar la complejidad, nos olvidamos de que hay que empezar por algún lado.

El tema de la despenalización debe ser la excusa que nos convoca  para iniciar la discusión, pero sin perder de vista  que esto es solamente una parte del problema.