La política
actual de drogas está basada en un planteo abstencionista, que parte del
objetivo principal de que la gente no consuma drogas, lo cual no es pertinente
con la realidad, ya que la misma plantea un diverso continuum de posibles
relaciones de los sujetos con las drogas, que quedan excluidos en una política
abstencionista. La complejidad en los tipos y modalidades de consumo, requiere
múltiples respuestas, tanto en lo preventivo como en lo asistencial. Esas
respuestas. no pueden estar vinculadas a lo penal, porque no sólo no resuelve
el problema, sino que genera otros.
Las
intervenciones generadas a partir de políticas represivas en materia de
drogas, generan un efecto paradojal,
criminalizando a usuarios que ni siquiera son dependientes. Lo punitivo produce
un impacto estigmatizante, que refuerza a la persona en su rol de “adicto”, lo
que dificulta la posibilidad terapéutica y la activa inserción social, obstaculizando
el desarrollo saludable del sujeto y su sistema familiar. Incluso, la Ley
actual (23.737) reconoce que el sujeto adicto es un enfermo, al “posibilitarle” realizar un tratamiento, a
cambio de la pena. Ahora bien, si el tratamiento no resulta, la pena se le
impone: “si no te curás, te condeno”. Estos supuestos, orientan también las
respuestas preventivas a un único objetivo: la abstención, sin trabajar desde
una perspectiva crítica, posibles riesgos asociados al consumo.
El alcohol y
el tabaco, con gran impacto social, son drogas legales, y no generan la misma
percepción de “urgencia moral” que las ilegales, lo mismo sucede con la
dependencia a psicofármacos. La percepción social de lo “malo” y lo “bueno”
queda definida por lo prohibido y lo permitido. Se deja de lado un punto
esencial que tiene que ver con el abordaje de las conductas de riesgo, y su
implicancia directa en la salud pública.
Se demoniza lo prohibido, y se lo asume sin pensamiento crítico, como lo
peligroso, subestimando los riesgos implicados en lo que está permitido.
La política represiva, no ha
evidenciado ser efectiva en el control del consumo. Para la formulación de
políticas públicas, debe contarse con expertos de diversas disciplinas que den
cuenta de la complejidad de la problemática. El
establecimiento de un espacio de discusión crítico y consistente, que
fundamente y posibilite la revisión y formulación de las políticas actuales,
permitiría que se responda con equidad en el abordaje de las problemáticas de
consumo; implicando el reconocimiento del usuario, como sujeto de derecho.
Una perspectiva sociocultural,
posibilita abordar el problema como un espacio de relaciones entre sustancias,
sujetos y contextos. Entendiendo a la droga “no
como un ente normativo (modelo penal) o patológico (modelo médico)” (Apud,
I. y Romaní, O. 2016). El modelo sociocultural, adopta una visión crítica e
integral de la problemática. Describe y
reconoce, dentro de la misma, aspectos como la construcción social de las
adicciones en el desarrollo socio histórico, la representación social de las
adicciones y la estigmatización.
Es fundamental trabajar con adolescentes en el ámbito educativo y comunitario respecto al uso responsable de drogas.
La adolescencia implica, en su desarrollo, la necesidad de los sujetos de afianzar su identidad y autonomía. La búsqueda del riesgo, el desafío a la autoridad y a lo establecido, definen la etapa adolescente. Un discurso rígido y punitivo, fomenta la conducta desviada en esa etapa, dificultando la posibilidad de acompañarlos.
El trabajo con adolescentes debe apuntar a generar espacios participativos de pensamiento crítico que posibiliten la construcción de respuestas orientadas al desarrollo saludable. Para que esto pueda ser sistemático, debe estar sustentado desde políticas públicas flexibles e integrales que permitan el debate.
En Argentina, con la promulgación de la Ley
Nacional de Salud Mental, N° 26657, se legitima una nueva perspectiva. El nuevo
paradigma entiende a la salud mental como “un proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos”
(Art 3). Desde este posicionamiento, se incorpora a las adicciones como parte de
las problemáticas de salud mental, corriéndolas del campo del delito. Lo que
pondría fin a la exclusión y estigmatización de los consumidores de sustancias
psicoactivas. Esta
nueva perspectiva, pasa de un modelo basado en la incapacidad y peligrosidad de
los usuarios de drogas, a un modelo que lo posiciona como sujeto de derechos;
teniendo así, mayores posibilidades para desarrollarse e insertarse
saludablemente.
Andrea Agrelo