El debate sobre la
despenalización, no debería alejarnos del cuestionamiento acerca de las
carencias y falencias en las políticas
sanitarias y educativas actuales.
Consumir drogas no es un
delito. Está claro que la penalización del consumo estigmatiza al adicto y
obstaculiza los procesos judiciales.
Y esto es así porque el derecho a la vida y a la integridad física no
implica una obligación a vivir y a mantener la propia integridad: en sistemas
democráticos, ambos deben ser entendidos como derechos disponibles. Pero plantear únicamente por ello la despenalización,
sería responder con simpleza a una problemática compleja.
Debatir por sí o por no,
genera una dicotomía que promueve posturas fundamentalistas perdiendo de vista
el verdadero objetivo: el de considerar a la Salud como un derecho social
básico y actuar en consecuencia.
El discurso dicotómico
divide, fragmenta, acentúa las diferencias desde la intolerancia, por lo tanto
es generador de exclusión. Y, en este espacio de discusión, es fundamental que
cada una de las miradas se complemente y enriquezca con las demás, para
intentar construir un discurso que, en su esencia, se aproxime a una respuesta
válida en relación a la problemática de las adicciones.
Despenalizar es un punto
de llegada, no de partida.
Lo que debería cuestionarse, es cuáles van a ser la
medidas que van a ser necesarias para
poder correr al adicto del sistema penal. Es real que la cantidad de causas por
consumo lentifican el sistema judicial sin generar respuestas efectivas para la
lucha contra el narcotráfico. Estigmatizan al adicto excluyéndolo del sistema
laboral. Pero también es cierto, que hoy
funciona como un dispositivo que acerca a la red asistencial a muchas personas
que no hubieran llegado de otra forma. Antes de cortar ese circuito, aun
reconociéndolo como deficiente, hay que
sentarse a diseñar un circuito, inclusivo y contenedor, que dé respuestas
integrales frente a la problemática.
Deberíamos debatir sobre
qué intervenciones se va a poner en marcha para evitar confundir a los jóvenes
y personas en general, sobre lo que puede entenderse como un discurso de
permisividad frente al consumo de drogas; ya que el planteo de despenalización,
no debería implicar la subestimación de los riesgos que genera la conducta
adictiva.
Para esto, el sistema
educativo debería garantizar la formación e información respecto al consumo
responsable de sustancias, a través de una política de estado integral que sea continua y consistente.
Que esté planteada desde el Nivel Inicial hasta el Polimodal, considerando como
fundamental, la capacitación sistematizada en los espacios de Formación
docente.
Deben diseñarse acciones
que respeten la identidad regional, garantizando un abordaje preventivo y
asistencial, al alcance de todos.
Para ello es fundamental
la intervención efectiva del Consejo Asesor en el diseño y puesta en marcha de
las políticas públicas correspondientes. Estableciendo una articulación
consistente entre el Estado y las ONGs.
Desde un ámbito
legislativo, es fundamental establecer una reglamentación clara en relación al
planteo de la despenalización: cuánto, quiénes, cómo, dónde, etc.
Otro de los temas que
surgen frente al planteo de despenalización, y que requieren de un debate serio
y profundo, es el de las políticas de Reducción de daños.
Hablar de
Reducción de daños, debería implicar previamente, el garantizar a todas las
personas, el acceso al sistema de salud, es decir, una inserción social
efectiva.
Planificar
intervenciones desde un Modelo de Reducción de daños sin proponerse, al menos, garantizar
la posibilidad de inclusión en el sistema sanitario, sería perverso.
Para poder
respetar la libre decisión de consumo de un sujeto, debemos primero, como sociedad, dirigirnos a personas con capacidad de elección. Esto implica estar
incluido en el sistema sanitario y educativo.
Si esto no es así,
la reducción de daños sólo termina siendo el cuidado paliativo de quienes no
tuvieron opción, bajo un discurso hipócrita de respeto a la decisión individual.
Las políticas
abstencionistas, deberían complementarse con las de reducción de daños, no son
antagónicos, son diferentes estrategias; pero sólo sobre la base de un sistema
social justo y equitativo.
Preguntarnos sobre la
despenalización es hacer un planteo parcial, tendríamos que debatir
sobre por qué la red asistencial no está al alcance de todos. Hoy en día, en
nuestra provincia, por ejemplo, no hay lugar para internar a una mujer adicta que necesite y
demande tratamiento.
Quién se pregunta sobre
qué respuesta sanitaria ofrece la provincia para las personas con patologías
psiquiátricas que requieran una contención intensiva?
De todas maneras, el
hecho de que en esta discusión no se planteen la cantidad de variables
implicadas, no significa que no sea válida. Si nos quedamos con el discurso de
que hay que abordar la complejidad, nos olvidamos de que hay que empezar por
algún lado.
El tema de la
despenalización debe ser la excusa que nos convoca para iniciar la discusión, pero sin perder de
vista que esto es solamente una parte
del problema.
